LOBBY IS IN THE AIR


Parlamento

Rubén Carromero

Aunque es cierto que los lobbies se han visto envueltos en numerosas polémicas a lo largo de su existencia, muchas veces asociadas con actos ilícitos e irregulares, es oportuno aclarar algunas cuestiones sobre esta actividad que busca hacer llegar ideas y argumentos procedentes de muy diversas entidades a los decisores políticos.

En este sentido y aunque su visión social no sea muy positiva, debemos preguntarnos: en esta sociedad, ¿quién no hace lobby? Si somos sinceros, todos lo hacemos en muchos ámbitos de nuestra vida. Hacer lobby es una “herramienta” que distintas empresas, instituciones y personas han usado desde los inicios de la civilización e, innegablemente, se ha convertido en una actividad en alza en todas las democracias.

La gestión de los intereses legítimos de cada vez más agentes ha motivado que la propia Administración se aplique para poner unas reglas de juego claras que eviten acciones en contra del interés común. La importancia de este fenómeno es evidente: según datos de Corporate Europe Observatory (CEO), se calcula que en Bruselas trabajan más de 25.000 representantes de la gestión de intereses para más de 11.000 entidades.

En este sentido, la regulación de la actividad del lobby es hoy en día una cuestión fundamental en términos de calidad democrática y de transparencia. Con ello lo que se busca es que los procesos sean más trasparentes en la relación entre los ciudadanos y la Administración. Es tan importante la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos como que exista una trazabilidad sobre cualquier norma para que se conozcan las fases que atraviesa una ley en su redacción.

Transparencia como base de los asuntos públicos

A nivel europeo existe un Registro de Transparencia desde 2011, que se creó para ofrecer a los ciudadanos información directa sobre los grupos y personas que hacen lobby en Bruselas interviniendo en las actividades destinadas a influir en las decisiones de la Unión Europea, detallando qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. El sistema, gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, reúne más de 11.000 entidades, según datos del Informe anual sobre el funcionamiento del Registro de Transparencia correspondiente al año 2017 (publicado el 31 de diciembre de 2017).

La legislación a nivel nacional en España se está haciendo esperar por la falta de acuerdo, aunque muchas instituciones a niveles autonómico y local han implementado normativas que incluyen la creación de un registro de grupos de interés que pretendan influir directa o indirectamente en la gestión pública. La última se ha puesto en marcha en Madrid; el pasado 21 de marzo el pleno de la Asamblea de Madrid aprobaba la Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad.

No obstante, es necesario que exista una normativa homogénea a nivel nacional con un sistema de registro único, de forma que, aunque existieran diversos registros, el inscribirse en cualquiera de ellos tuviera efectos en todos los demás. De este modo, se podría garantizar en igualdad la conversación de los ciudadanos con los poderes públicos y la construcción de relaciones que faciliten un dialogo productivo y continuo.

Es evidente que los decisores políticos tienen que votar numerosas leyes sobre temas que, en su mayoría, no cuentan con un conocimiento exhaustivo. Los equipos de asesoría son limitados y es oportuno que los expertos en las diferentes materias a legislar puedan aportar sus informes técnicos y argumentos para apoyar con la mayor información posible la toma de decisiones. A partir de ahí conviene recordar que quien debe defender el interés general es el legislador optando por la decisión que sea mejor para el conjunto.

La comunicación, clave del lobbying

En ese trabajo de explicar, de una forma clara y precisa, las consideraciones sobre determinados temas a los poderes públicos, se hace cada vez más importante la participación de consultoras especializadas, que sean capaces de organizar y trasladar los mensajes que se pretenden hacer llegar.

El papel de la agencia de comunicación es clave a la hora de que empresas, organizaciones e instituciones públicas puedan defender sus intereses, con transparencia y legitimidad, ante las audiencias adecuadas en cada momento. La creación de una estrategia clara de comunicación, alineada con los intereses de cada lobby, que tenga en cuenta públicos, alianzas, herramientas (incluyendo el contexto digital) y mensajes es la base para que estos grupos de influencia cumplan sus objetivos. 

Ante esto, la profesionalización es clave en la gestión de la influencia para garantizar la calidad de la información que queremos que tengan delante los legisladores. Al respecto, es apropiado rescatar una frase del expresidente estadounidense John F. Kennedy: "los lobistas me hacen entender un problema en diez minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días".

Lo cierto de todo esto es que la práctica del lobbying es una parte del sistema democrático y es un elemento clave para fomentar la participación activa de los ciudadanos en la vida política y canalizar las aportaciones de la sociedad civil a efectos de mejorar el conocimiento de las instituciones, junto con la mejora de la calidad de las decisiones políticas e incluso anticiparse a los temas que preocupan a los ciudadanos. La actividad de lobby se encuentra en pleno crecimiento y evolución, adaptándose a los nuevos desafíos y oportunidades, como los que presentan la escena política actual.

2019-05-09 00:00:00

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